DENUNCIA PÚBLICA Y ALERTA URGENTE POR RIESGO INMINENTE SOBRE LA VIDA, SEGURIDAD, INTEGRIDAD Y PERVIVENCIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A NIVEL NACIONAL A CAUSA DE LA CONTINUIDAD DEL CONFLICTO ARMADO Y LA INCURIA DEL GOBIERNO NACIONAL

 

DENUNCIA PÚBLICA Y ALERTA URGENTE POR RIESGO INMINENTE SOBRE LA VIDA, SEGURIDAD, INTEGRIDAD Y PERVIVENCIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A NIVEL NACIONAL A CAUSA DE LA CONTINUIDAD DEL CONFLICTO ARMADO Y LA INCURIA DEL GOBIERNO NACIONAL

 

25 de febrero de 2021

Bogotá D.C.

 

Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional, a las instituciones estatales, entes internacionales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones defensoras de derechos humanos, a la opinión pública y al pueblo colombiano en general, con el ánimo de alertar sobre la grave crisis humanitaria que se cierne sobre los Pueblos Indígenas a causa de la reconfiguración del conflicto armado a nivel nacional.

Sólo en el último mes la ONIC, junto con las organizaciones filiales de carácter territorial, han emitido al menos 15 denuncias y alertas tempranas advirtiendo sobre los hechos victimizantes que viene sufriendo la población indígena de manera sistemática durante los últimos meses en los diferentes puntos de la geografía colombiana.

Así, únicamente en el departamento del Chocó se han presentado las siguientes situaciones:

1.     En el Resguardo de Río Valle ubicado en el municipio de Bahía Solano, el pasado 3 de diciembre de 2020 fue asesinado el líder Miguel Tapí, lo cual causó el desplazamiento forzado de toda la comunidad comprendida en 900 personas entre los que se encontraban menores de edad y mujeres gestantes.

 

2.     El 17 de febrero en la comunidad Ceverde del Resguardo Alto Andágueda, se presentó el homicidio de Alejandro Manungama por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este hecho significa una profundización en el riesgo de exterminio cultural del pueblo Embera Katío pues se trataba de un médico tradicional y miembro de la guardia indígena.

 

3.     El 19 de febrero el fuego cruzado entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el ELN cobraron la vida de Luz Aida Conchave de 21 años, perteneciente al pueblo Embera en la comunidad de Moamía ubicada en el Alto Baudó. Estos enfrentamientos entre grupos armados al interior del territorio indígena, además, llevaron al desplazamiento forzado de 36 familias (en total 139 personas de las cuales 60 son menores de edad) hacia la comunidad de Miacora. Asimismo, las comunidades de Moamía, Miacora, Santa María de Condoto y Las Divisas llevan denunciando desde el 2020 la presencia de actores armados al interior de sus territorios lo cual las ha mantenido hasta la actualidad en situación de confinamiento, zozobra y restricción a la libre circulación, que se ha traducido en una afectación a su seguridad y soberanía alimentaria en tanto que se limitan las posibilidades de ir a los cultivos, principal fuente de sustento de estas comunidades.

 

4.     El 23 de febrero, en la comunidad de Chano ubicada en el Resguardo Alto Río Bojayá se presentó la explosión de una mina antipersonal dejada por el ELN en la finca del señor Máximo Baquiaza quien por la explosión perdió inmediatamente su pierna y brazo izquierdo y pocas horas después falleció; dos personas más, de 16 y 20 años, resultaron gravemente heridas. La continua práctica de dejar artefactos explosivos en inmediaciones y al interior del territorio indígena tiene en situación de confinamiento a 12 comunidades de este Resguardo. Cabe resaltar que la asociación OREWA ha realizado, en reiteradas ocasiones, llamados al gobierno nacional para que atienda la situación de vulnerabilidad en que se encuentran estas comunidades sin recibir respuesta alguna.

 

En situación igualmente alarmante se encuentra el departamento de Antioquia en el que se han registrado estos hechos:

1.     Desde el 29 de enero de 2021 en el municipio Cáceres, comunidad Alto del Tigre se presentaron enfrentamientos armados que pusieron en riesgo la vida y la integridad de la población perteneciente al pueblo Senú; la situación de riesgo se ha extendido a las comunidades José de los Santos, Isla de la Dulzura, Guarumo Balay, Puerto Santo Manantial y Jardín La Esperanza que se encuentran confinadas y sin poder solventar necesidades básicas como la alimentación pues los grupos armados al margen de la ley han impuesto restricciones a la movilidad y toques de queda que impiden las labores de cultivo y pesca. Es de anotar que desde septiembre de 2020, 59 familias de Isla la Dulzura están en situación de desplazamiento en la comunidad Guarumo; a la fecha son 231 familias en situación de confinamiento y desabastecimiento.

 

2.     Desde el 28 de enero del presente año, la Organización Indígena de Antioquia (OIA) alertó sobre la presencia de actores armados en territorio del Pueblo Indígena Embera; así, respecto del Resguardo de Amparradó, ubicado entre los municipios de Dabeiba y Frontino, expresan que las cientos de familias Embera Eyábida que habitan el lugar, se encuentran viviendo “en medio del fuego cruzado, entre minas antipersonal y como escudos humanos de los grupos armados al margen de la ley”. La misma situación fue denunciada el día 6 de febrero en relación con los Resguardos Río Murindó y Río Chageradó en donde el ELN instaló artefactos explosivos en la vía que comunica a las comunidades condenando a la población a una situación de confinamiento y desabastecimiento. La situación no es, en ningún caso, nueva; desde el año 2019 la OIA viene advirtiendo sobre la presencia de actores armados en los resguardos de Murindó, Urrao, Dabeiba, Frontino, Vigía del Fuerte y en el Bajo Cauca. La nula acción del Estado ante las reiteradas alertas llevó a las comunidades del pueblo Embera Eyábida a declararse en Minga Permanente.

 

3.     El pasado 17 de febrero la población del Resguardo Jaidukamá del pueblo Embera Eyábida fue víctima de un desplazamiento forzado de carácter masivo hacia el corregimiento La Granja en el municipio de Ituango. El hecho detonante fue un enfrentamiento armado entre las AGC y un grupo de disidencias de las FARC en el marco de la disputa por el control territorial del Nudo del Paramillo que se viene desarrollando desde hace seis meses aproximadamente.

 

Las mismas afectaciones se han presentado e intensificado progresivamente en otras zonas del país. Así, en el departamento del Cauca el 31 de enero fueron secuestrados dos comuneros pertenecientes al Resguardo Huellas, en el municipio de Caloto. El secuestro fue perpetrado por integrantes de la Columna Móvil Dagoberto Ramos;  el 10 de febrero, en la vereda El Damián del Resguardo de Tacueyo, se presentó una explosión que dejó siete personas gravemente heridas luego que cayera un artefacto en la casa de una de las víctimas en el marco de un enfrentamiento armado entre la Columna Móvil Dagoberto Ramos y el Ejército.

En el Valle del Cauca se han incrementado los señalamientos y las amenazas por parte de grupos armados ilegales en contra de los procesos organizativos de los Pueblos Indígenas y sus líderes, tal como lo muestran los panfletos que fueron encontrados tanto en la zona rural de Cali el día 10 de febrero por parte de las Águilas Negras, sentenciando a muerte a la organización indígena ORIVAC y a algunos de sus dirigentes con nombres propios, como en el municipio de Jamundí, Resguardo Kwet Wala donde las AGC amenazaban con iniciar una “limpieza” desde las 7:00pm a partir del 6 de febrero.

La práctica de las amenazas en contra de líderes indígenas como forma de atentar contra la autonomía y el gobierno propio también ha sido sufrida en el departamento del Cesar, donde el gobernador del Resguardo Kankuamo Jaime Luis Arias fue amenazado junto con otras autoridades por integrantes de grupos armados ilegales el día 2 de febrero. Las comunidades pertenecientes al pueblo Kankuamo han denunciado también presencia de Grupos Armados Ilegales en las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta sin que se haya activado ningún tipo de medidas de protección por parte de los organismos responsables.

Finalmente, en el municipio de Nariño, como muestra de la profundización de la grave situación humanitaria sufrida por el pueblo Awá, ampliamente denunciada ante organismos nacionales e internacionales, el domingo 21 de febrero fueron asesinadas cuatro personas en el sector de La Variante, municipio de Tumaco por incumplir las restricciones a la movilidad impuestas por un grupo armado ilegal; las víctimas hacían parte del Resguardo La Brava, siendo uno de ellos ex gobernador del Resguardo.

Así las cosas, manifestamos nuestra inmensa preocupación ante el evidente recrudecimiento del conflicto armado, que se ha traducido en la intensificación de las situaciones y hechos violatorios de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en contra de los Pueblos y territorios Indígenas a nivel nacional.

Denunciamos la negligencia del gobierno nacional en cabeza de Iván Duque, evidenciada en la ausencia de medidas efectivas de prevención y protección sobre la población cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados y responsabilizamos al Estado por cualquier hecho victimizante o re-victimizante sufrido por los Pueblos Indígenas y las comunidades anteriormente mencionadas, en el marco de los enfrentamientos bélicos y los repertorios de violencia llevados a cabo por cualquier actor armado en inmediaciones o al interior del territorio indígena.

Reiteramos las exigencias, primero, a los grupos armados legales e ilegales de respetar el gobierno propio, la autonomía y el territorio indígena; segundo, al gobierno nacional y a las distintas instituciones estatales responsables, de activar inmediatamente una ruta de atención y protección prioritaria para atender la situación de vulnerabilidad de las comunidades y personas afectadas, así como propiciar los distintos escenarios de diálogo requeridos en cada caso particular.

Solicitamos a todas las entidades y organizaciones relacionadas con la defensa y protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas y los Derechos Humanos de carácter nacional e internacional, acompañar la situación de riesgo que están viviendo los Pueblos Indígenas en todo el país mediante acciones de denuncia pública, seguimiento y veeduría.